viernes, 30 de diciembre de 2016

FONDO NACIONAL PARA LA INVESTIGACION: ASIGNATURA PENDIENTE



Por: Abdel Martínez Alonso.

La Cuba heredada de la etapa neocolonial no fue precisamente el mejor punto de partida para el posterior desarrollo científico de la isla caribeña. En aquel entonces no se disponía de un sistema educativo articulado y por ende, del potencial humano necesario para hacer ciencia. Aun cuando existen precedentes históricos de resultados notables en esa atapa; estos fueron alcanzados fundamentalmente debido a la acción individual de algunas figuras relevantes.

Solo con la llegada del proceso revolucionario, la Campaña Nacional de Alfabetización y La Reforma de la Enseñanza Superior de 1962, la palabra ciencia comenzó a escribirse con mayúsculas en la Historia de Cuba. Durante la década del 60 y del 70 se inauguraron los primeros centros de investigación, abarcando sectores tan diversos como: la prospección y desarrollo de los recursos minerales, el tratamiento de derivados de la caña de azúcar, la electrónica y la computación, la biotecnología, la medicina y muchas otras ramas de la economía y la sociedad. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de errores que han aletargado y en múltiples casos impedido la obtención y generalización de productos científicos.

El panorama actual de la ciencia en Cuba se caracteriza por una débil vinculación Industria-Universidad y una cada vez más incompleta Pirámide de Investigación. Los excesivos controles a los que son sometidas las entidades científicas y universidades, la falta de libertad en la toma de decisiones y la ausencia de esquemas que estimulen la actividad investigativa, son solo la punta de un iceberg bajo el cual subyace muy aclimatada la burocratización de la ciencia.  A pesar de que el Estado destina anualmente recursos para “garantizar el funcionamiento” de los centros científicos y tecnológicos; es común que estos sean predestinados a inversiones en acápites específicos, que en muchos casos no constituyen el problema fundamental de los equipos científicos. El salario aparece como una figura inamovible e invariable y aun en aquellos casos en que la entidad posea fondos disponibles, estos no pueden ser traducidos en mayores ingresos para sus investigadores. La institucionalización a ultranza ha suplantado el papel de los líderes de proyectos, que deberían tener la potestad y responsabilidad de manejar las finanzas de acuerdo a las necesidades específicas.

La creación de un Fondo Nacional para la Investigación con carácter público y acceso mediante competencia es una estrategia que han adoptado varios países para estimular el desarrollo científico (Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, México). Esta política, más que viable, pareciera indispensable para reimpulsar la actividad científica de investigadores y profesores universitarios. Existen antecedentes en Cuba de la creación de un Fondo Financiero de Ciencia e Innovación (FONCI) en el año 1998 y una posterior actualización en el 2014. Sin embargo, estos intentos no han pasado de ser una tímida y nominal aproximación a lo que debería constituir una herramienta catalizadora del desarrollo científico del país. La falta de divulgación, trabas burocráticas y dificultad de acceso, impiden el empleo efectivo de estos fondos y su conversión en resultados publicables o nuevos productos con alto valor de conocimiento agregado. A todas luces, el fracaso de estos modelos anteriores no ha residido en la disponibilidad financiera del país, sino en la incapacidad de garantizar un empleo eficiente de los recursos ya disponibles.

Un mecanismo efectivo debería garantizar que, con independencia del sector económico, a título personal o institucional, los diversos proyectos científicos pudieran ser presentados a competencia y aquellos más promisorios obtuvieran la liquidez necesaria para desarrollar su actividad. De esta manera se eliminarían numerosas figuras burocráticas intermedias que en muchos casos, lejos de dar soporte a la ciencia, la complejizan y desvirtúan. A dicho fondo pudieran contribuir las empresas del sector industrial o de servicios mediante la asignación de presupuestos para proyectos investigativos de interés empresarial. Toda la información se haría pública empleando la red nacional de datos y de esa manera los investigadores interesados accederían de forma directa. Permítase ilustrar lo antes mencionado con algún ejemplo concreto: 

Imaginemos por un momento a un profesor universitario, líder de un proyecto investigativo sobre telefonía celular, aplicando mediante la web del Fondo Nacional para la Investigación al presupuesto habilitado por ETECSA para solucionar el problema de la congestión de datos en días señalados. Imaginemos también que los fondos le son otorgados. Ahora este profesor tendrá la potestad de decidir si contratará a tiempo parcial a 5 estudiantes de pregrado para completar su equipo o si dispondrá renovar los medios e insumos informáticos. Luego de dos años de trabajo en equipo (contrató a los 5 estudiantes), la solución generada amerita ser expuesta en eventos internacionales. El profesor dispone de los fondos para costear el boleto aéreo y la estancia y participa (junto a su más destacado estudiante) en una importante convención. Durante su presentación numerosas empresas hallaron útil la solución y un año más tarde Cuba exportaba un sistema de Control y Análisis de Datos para Telefonía Celular a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y México. Finalmente, imaginemos que ese reconocido profesor-investigador, producto de sus resultados, logrará ingresar a fin de mes cuatro, o cinco, o quizás cien veces su salario actual.

Las relaciones de cooperación Industria-Universidad no se crean por mandato, nacen a partir de necesidades concretas y se vitalizan mediante la aplicación de políticas estimulantes y vinculantes. Eliminar las barreras burocráticas y romper los esquemas que limitan la producción científica en el país es una necesidad imperativa. Quizás la creación de un Fondo Nacional para la Investigación con carácter público y acceso mediante competencia no sea la solución a todos los problemas, pero sin duda alguna, sí una asignatura pendiente de estudio. 

martes, 23 de septiembre de 2014

ESTADOPOLIOS


Por: Abdel Martínez Alonso
(Tomado de La Joven Cuba)

Para la mayoría de los cubanos que recibimos alguna que otra lección de Economía Política, el fenómeno de los Monopolios está inevitablemente ligado a la Globalización Neoliberal como medio ideal y propicio para la concentración, la reproducción y la hipertrofia de las grandes corporaciones multinacionales. Siendo, por definición u omisión, totalmente ajeno a nuestra sociedad socialista en la cual los medios de producción están en poder del pueblo trabajador.

Sin embargo, realizando una breve lectura de la más básica definición de Monopolio encontramos que: Un monopolio (del griego monos ‘uno’ y polein ‘vender’), es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopolista) que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado.

Cualquier similitud con nuestras bien conocidas Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), Cadena de Tiendas TRD CARIBE, CIMEX S.A., Unión Suchel, y otros tantos ejemplos que seguramente los lectores encontraran, NO es pura coincidencia. Y es que en la Cuba de hoy tal parece que las reglas de la economía impulsan la formación natural de monopolios (suponiendo que monopolio y natural no fueran términos contradictorios). La abolición estructural de la competencia, asumida como símbolo del capitalismo, unido a la aplicación de políticas proteccionistas en la mayoría de los sectores de nuestra economía, han traído consigo efectos colaterales que sufren, inevitablemente, los consumidores (el mismo pueblo trabajador que tiene el poder sobre esos medios de producción). Precios invariables, baja calidad y escasez de productos y servicios, son solamente aristas de un problema mayor que está dado por el poco interés de las empresas en ser competitivas o lo que es lo mismo: ineficiencia perpetua debido a que sus actividades no están orientadas al cliente, que es transformado en usuario perenne sin otras opciones de compra.


Hagamos un breve estudio de casos:
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA): Único y exclusivo proveedor de Servicios de Telecomunicaciones. Posee una política de precios invariables y arbitrarios, plantillas infladas y una lenta e ineficiente renovación tecnológica. Sin embargo, genera ingresos y es económicamente “rentable”. ¿Cómo es posible semejante contradicción? Manteniendo un mercado cautivo en el cual el consumidor tiene solo una opción, o paga los altos precios de los malos servicios o simplemente no disfruta de los mismos. La Atención al Cliente es un lema y son diarias las quejas publicadas en la prensa que se resuelven cuando “suenan” y luego se repiten hasta que ocurra una nueva “explosión”.


Cadena de Tiendas TRD CARIBE y CIMEX S.A.: Ambas tienen representaciónen toda Cuba. La primera con más de 2.000 puntos de venta, incluidos Complejos Comerciales e instalaciones en el sector de hotelería y turismo. Actualmente es la cadena líder en ventas del país, con una cuota de mercado de más del 50%. Los dividendos restantes son prácticamente ocupados en su totalidad por CIMEX S.A. Su organización la integran más de 80 empresas, con 10 sucursales territoriales en toda la Isla, y divisiones especializadas que comprenden amplios e importantes sectores de la economía cubana. Ambas poseen productos y políticas de precios similares que no obedecen a los intereses de clientes sino a cumplir planes de ventas y a “recaudar divisas frescas”. Los resultados de la poca competencia dentro de este mercado perpetuose traducen en escasa variedad de productos, precios para bolsillos privilegiados y lenta rotación de sus inventarios, los cuales permanecen años en almacenes sin ser depreciados.


Unión Suchel: Fabrica y comercializa casi exclusivamente para el mercado cubano productos de perfumería, aseo, cosmética decorativa, tratamiento corporal y facial. No es necesario abundar mucho en los efectos negativos que trae consigo depender de una única empresa para el abastecimiento de estos productos de primera necesidad a todo un país. Solo destacar lo expresado por Geanny Bello Campo, Director General de la Unión Suchel, en un artículo publicado en el portal Cubadebate en fecha tan reciente como el 28 agosto de 2014. De acuerdo al funcionario, “el año 2013 fue muy complejo para la industria ligera, por la poca disponibilidad de financiamiento para cumplir algunos renglones concebidos en el último trimestre”. Al parecer esta respuesta es suficiente para convencer a todos sus clientes de la imposibilidad de asearse durante el año en curso, dada la dificultad de adquirir productos de otros fabricantes en las tiendas del país.


No es que la intervención del Estado mediante la planificación sea desacertada como mecanismo de regulación económica, pero el control excesivo sobre la toma de decisiones inherentes a las empresas imposibilita que estas se desarrollen en un entorno competitivo, generando a su vez favoritismos y por ende, mercados cautivos. Las nuevas prerrogativas otorgadas a los directores de empresa potencian su capacidad de decisión pero aún constituyen un anacronismo dentro de un modelo de gestión economía plagado de limitaciones. En lugar de definir estas atendiendo a principios, ética o simplemente según su carácter organizativo, las nuevas medidas se limitan a establecer un grupo de potestades para los directivos, las cuales son insuficientes frente a las múltiples situaciones imprevisibles que seguirán requiriendo la aprobación de los “de arriba”. Las limitantes de cómo y cuánto podemos hacer en nuestro modelo socio-económico están solo en nuestras mentes, condicionadas por el temor a la competencia y a la libre gestión empresarial. A modo de ejemplo, veamos como China en la rama de las Telecomunicaciones ha logrado desarrollar un sector en el cual coexisten empresas privadas y estatales, las cuales se desenvuelven y compiten en igualdad de condiciones. Luego del 2008 en el gigante asiático existen tres grandes proveedores de servicios, todos con inversiones de capital estatal y privado:

  • China Mobile Communications Corporation: es el mayor operador de telefonía móvil de China y del mundo por cantidad de abonados, posee el 70% de los abonados domésticos. El gobierno chino controla el 70% de las acciones de la empresa, siendo compartido el restante 30% por inversores públicos. La empresa cotiza en la bolsa de valores de New York y Hong Kong.
  • China United Network Communications Group Co., Ltd: Controla el 20% de los abonados en el país asiático. El gobierno posee el 40.92% de las acciones, el resto es cotizado en las bolsas de Shanghai, New York y Hong Kong.
  • China Telecom Corporation Limited: Es el mayor proveedor de servicios de telefonía fija y el tercer proveedor de telefonía móvil en China ocupando actualmente el 10% del mercado. Nuevamente el gobierno chino es el accionista mayoritario, siendo cotizadas el 17.15% de sus acciones en las bolsas de New York y Hong Kong desde el año 2002.

El gobierno en todos los casos retiene la mayoría de las acciones, por lo que sin importar cuál sea la distribución de las ganancias, recibe sustanciales ingresos que luego pueden ser revertidos en la actualización de la base tecnológica y proyectos de desarrollo social, trazando las políticas generales a seguir. Las empresas poseen la independencia suficiente para tomar decisiones y proyectar estrategias de mercado, compitiendo en igualdad de condiciones. Los clientes reciben un servicio de calidad y tienen la opción de seleccionar aquel proveedor que logre ofrecer el mejor servicio de acuerdo al poder adquisitivo de cada individuo. La Atención al Cliente está garantizada pues cada abonado contratado es importante, retenerlos y ofrecerles un servicio de calidad es prioridad, de no hacerlo, simplemente estos optarán por acceder a los productos de la competencia.

Estas y otras experiencias similares, son las que deberíamos asimilar, adaptar a nuestras condiciones y aplicar como parte del proceso de actualización económica. Poner en la mira las necesidades de la población y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los cubanos es obligación del Estado. Retener mercados y limitar la iniciativa empresarial solo generará más ineficiencia y corrupción, en detrimento del bienestar social por el que todos los cubanos trabajamos y deseamos disfrutar.

martes, 10 de junio de 2014

¿AUTO-ROBO DE CEREBROS EN LA SOCIEDAD CUBANA ACTUAL?


Por: Abdel Martínez Alonso. 
(Tomado de La Joven Cuba)

En no pocas ocasiones nuestra prensa nacional ha abordado el tema del llamado “Robo de Cerebros”. Programas como el “Cuban Medical Professional Parole Program”, creado por el Gobierno estadounidense en agosto de 2006 durante la presidencia de George W. Bush, promueven activamente la migración de profesionales altamente calificados formados en la Isla.

El “Robo de Cerebros” es un fenómeno reiterado en la historia de la humanidad, cobrando mayor vigencia en la actualidad debido al creciente flujo de información y facilidades de viaje. Las consecuencias son nefastas para los Países en Desarrollo y en especial para aquellos que, como Cuba, no poseen grandes cantidades de recursos naturales y dependen fundamentalmente del ingenio humano para generar riquezas.

Las transformaciones de nuestra economía sucedidas en los últimos 5 años han reformado de manera significativa la sociedad cubana. La idea, un tanto difundida, de que nos encontramos en un punto de inflexión en nuestra historia, comienza a hacerse cada día más evidente. No es secreto que en la actualidad cubana los profesionales y académicos vinculados a la Investigación, Desarrollo y Docencia son uno de los sectores peor remunerados en relación al aporte brindado. La brecha se acrecienta con la aparición de nuevas y atractivas ofertas de trabajo, que en muchos casos, logran retribuir en una jornada laboral el equivalente a un mes de trabajo de un académico o investigador.

Nuevos actores han surgido en la sociedad cubana contemporánea. El sector cuentapropista, el Sistema de Cooperativas no Agropecuarias y más recientemente la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), se presentan como seductoras propuestas para los especialistas cubanos altamente calificados, que ven en estas novedosas formas económicas un vía para obtener mayores ingresos personales.

Ejemplos comunes son los ya cientos de “Ingenieros-boteros”, “Licenciados-Vendedores de producción agrícola en puntos de ventas y quioscos”, “Abogados-Tenedores de libros”, “Licenciados-Profesores de taquigrafía, mecanografía e idiomas”, “Ingenieros-Reparadores de celulares” y una extensa lista de otros ejemplos que sería extenuante relacionar. Nos encontramos entonces ante la aparición (o reforzamiento) de un fenómeno interno de “Robo de Cerebros”. Los Institutos de Investigación, Universidades y otras diversas formas de centros de estudio y desarrollo científico-técnico se encuentran en abierta desventaja para contrarrestar esta fluencia negativa de profesionales.

Si bien es un hecho que, luego de la puesta en marcha de la nueva política migratoria cubana, existe un sostenido flujo de cubanos hacia el exterior del país en busca de mejores condiciones económicas; este nuevo fenómeno de migración interna se presenta, al menos, como igual de dañino que el éxodo de profesionales hacia otros países.
La ausencia de esquemas de pago que estimulen la permanencia de los profesionales en sectores académicos y de investigación; la reducción paulatina y sostenida del salario real debido al incremento del precio de servicios y productos de primera necesidad y la existencia de la doble moneda; son factores que afectan la captación y permanencia laboral de graduados de nuestras universidades en instituciones vinculadas a la actividad científica.

Toda transformación económica potencialmente genera un efecto social colateral, lo importante es ser consciente del cambio realizado y prever las consecuencias, al menos, a corto plazo. En el “Proyecto de Lineamientos de la política económica y social” se trazaron diversas estrategias para promover y desarrollar la actividad científica como puntal de nuestra economía, pero: ¿Están contempladas soluciones a este problema en las bases del Programa de Desarrollo Socio Económico en el periodo del 2016 al 2030 recientemente aprobadas por el Consejo de Ministros?

¿Está en capacidad nuestra economía de continuar afrontando los gastos asociados a la preparación de profesionales para luego empujarlos a desempeñarse en trabajos de menor perfil (reitero, no menos útiles para la sociedad)? ¿Puede darse el lujo de desperdiciar el talento generado un país bloqueado como el nuestro?

Estas y otras muchas incógnitas quedan en el tintero. Esperemos que nuestros dirigentes estén conscientes de la real magnitud del problema y aún más importante, dispuestos a aceptar su existencia como primer paso para erradicarlo. De no ser así, estaremos vendiendo al mejor postor (nacional o extranjero) uno de los logros más preciados de la Cuba Revolucionaria: sus profesionales.